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JUSTICIA GRATUITA

Introducción al concepto de Justicia Gratuita

La Constitución Española, en su artículo 24[1], establece que todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales y derecho a la asistencia y defensa de un letrado para que no se produzca indefensión en ningún caso.

Así, la asistencia jurídica gratuita, prevista también en la Constitución, deriva de la necesidad de proteger este derecho fundamental.

El derecho a la asistencia jurídica gratuita no incluye solamente la asistencia de letrado, sino también otras prestaciones como pueden ser la representación por un Procurador cuando sea necesario en el procedimiento, asesoramiento, asistencia al detenido, publicación gratuita de edicto, exención de tasas judiciales y depósitos, asistencia pericial gratuita que deberá ser solicitada al Juez, entre otras.

Requisitos

La asistencia jurídica gratuita está dirigida a personas que se encuentren en una mala situación económica y no cuenten con los recursos necesarios para poder litigar, con el objetivo de que sus derechos no se vean vulnerados.

Por lo tanto, el requisito esencial que han de cumplir las personas físicas es que los recursos e ingresos económicos brutos anuales no superen los siguientes umbrales determinados en el artículo 3 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita:

  • Dos veces el indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM) vigente en el momento de realizar la solicitud cuando se trate de personas no integradas en ninguna unidad familiar. El IPREM es de 6.454,03 € anuales. El umbral que no se puede superar en este caso sería de 908,06 euros anuales.
  • Dos veces y media el IPREM vigente cuando se trate de personas integradas en algunas de las modalidades de unidad familiar con menos de cuatro miembros. Siendo en este caso el máximo de renta 135,075 euros.
  • El triple del IPREM cuando se trate de unidades familiares integradas por cuatro o más miembros. En 2018 362,09 euros.

Para confirmar que cumple los requisitos económicos puede solicitar información en el Colegio de Abogados más cercano a su residencia, que puede localizar mediante el siguiente enlace:

http://www.justiciagratuita.es/publico/donde-solicitarlo/

O comprobarlo de una manera sencilla a través del siguiente enlace:

https://www.justiciagratuita.es/publico/tengo-derecho/

No es necesario acreditar la insuficiencia de recursos para que se reconozca el derecho a la asistencia jurídica gratuita en los siguientes casos:[2]

  • Cuando se trate de víctimas de violencia de género, de terrorismo y trata de seres humanos en procesos conectados con tal condición.
  • Menores de edad o personas con discapacidad psíquica en situaciones de abuso.
  • Personas que acrediten secuelas permanentes causadas por un accidente que les impidan trabajar y necesiten ayuda de otras personas para actividades esenciales, cuando tengan por objeto reclamar indemnización por daños.

Procedimiento

Es necesario rellenar un impreso que se puede descargar por internet accediendo a alguna de las páginas oficiales de los Colegios de Abogados de su provincia o acudiendo directamente al Colegio para que les faciliten el impreso.

En el impreso se solicitarán los siguientes datos:

  • Datos personales del declarante y de los miembros de su unidad familiar.
  • Datos económicos de la unidad familiar.
  • Datos de la pretensión que se quiere o se está defendiendo.
  • Documentación que se adjunta.
  • Prestación que se solicita, por ejemplo, la defensa gratuita.

El impreso se debe entregar al Colegio de Abogados del lugar donde se encuentre el Juzgado o Tribunal que deba conocer el asunto, para lo que se deberá solicitar cita previa. Siendo el Colegio el que resolverá si se cumplen los requisitos, en cuyo caso designará un abogado provisional y lo comunicará al Colegio de Procuradores si fuera oportuno.

Si el Juzgado que va a conocer del asunto es de la población de Alicante puede acceder al siguiente enlace del Ilustre Colegio de Abogados de Alicante para solicitar cita previa y descargar el formulario de solicitud: http://www.icali.es/PORTAL_ICALI/printPortal.do?urlPagina=S005017012/es_ES.html

¿Puede ser una desventaja recurrir al abogado de oficio?

Algunas personas opinan que recurrir a un abogado de turno puede ser perjudicial, pero se trata de una forma de garantizar el derecho de defensa y, por ese motivo, los abogados que quieran prestar este servicio deben cumplir determinadas condiciones que acrediten que tienen la capacidad suficiente para ello.

Por lo tanto, el abogado de oficio es un profesional que tiene que cumplir los siguientes requisitos mínimos:

  • Ser licenciado o graduado en Derecho.
  • Realizar un curso de acceso al turno de oficio en la Escuela de Práctica Jurídica o estar en posesión de un diploma equivalente homologado.
  • Experiencia mínima de 3 años de ejercicio profesional.
  • Residir y tener un despacho abierto en el ámbito del Colegio de Abogados en el que se encuentre inscrito.

Además de estos requisitos debemos mencionar que se trata de abogados especializados en un máximo de dos ámbitos, ofreciendo por tanto el servicio que más se adecúe al problema en cuestión.

Conclusiones

Mediante el derecho a la asistencia jurídica gratuita lo que se pretende es garantizar que las personas con unos recursos económicos insuficientes no se vean discriminadas en sus derechos, tengan los mismos medios para defenderse y obtengan el mejor servicio posible ejecutado por profesionales especialmente habilitados que hayan acreditado su capacidad de ofrecer asistencia jurídica a todos los ciudadanos.

El equipo de Lex Dixit cuenta con verdaderos profesionales que prestan protección legal cualificada, independientemente de la nacionalidad o condición social del cliente. Oleksandr Predytkevych Predytkevych, socio de Lex Dixit, ejerce también como abogado de oficio, tal y como se acredita en los siguientes certificados:

Escuela de practica jurídica Alicante

Certificado Turno de Oficio

[1]Artículo 24:

  1. Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión.
  2. Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia.

La ley regulará los casos en que, por razón de parentesco o de secreto profesional, no se estará obligado a declarar sobre hechos presuntamente delictivos.

[2] Artículo 2 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita.